Desde hace seis meses, Elena va todos los domingos a la prisión de Apodaca a ver a su hermano Francisco. En cada visita entrega mil pesos y durante las dos horas que permanece con su hermano, un individuo los vigila. La cárcel más mortífera del sexenio de Felipe Calderón está controlada por los Zetas hace años y ellos ya le quitaron las escrituras de su casa y la factura de una camioneta que hace dos meses les entregó para evitar que asesinaran a su hermano.

Es la ley de la cárcel. Dentro del penal, los Zetas son los amos y señores. Controlan la comida, el comercio, el tráfico de drogas, la venta de bebidas alcohólicas, aparatos y todo lo que les pidan. Introducen mujeres, organizan orgías, fiestas donde sobra de todo. Quitan y ponen directores y celadores que siguen sus órdenes al pie de la letra. Entran y salen con total libertad. Tienen un sistema de “presos sustitutos” que los cubren, mientras ellos salen a seguir delinquiendo durante meses, años. No hay listas fehacientes de internos, ni fotos o huellas fidedignas. De hecho, muchos viven mejor dentro que fuera.

Los familiares de cada preso deben pagar “cuotas” para salvaguardar la integridad de sus seres queridos. Paradójicamente, los presos están secuestrados . Si no pagan, los torturan durante días en zonas de aislamiento; no les permiten dormir, ni comer. En algunos casos los matan con apariencia de “suicidio”. Los que trabajan dentro del penal, deben entregar su sueldo íntegro a los jefes. El crimen organizado ha encontrado una veta de oro en las cárceles que actualmente controlan.

En las prisiones como Topo Chico, también dominado por los Zetas, la sección de mujeres se convierte en un suculento territorio de explotación. Las presas han sido convertidas en esclavas sexuales y son sometidas a todo tipo de humillaciones y abusos. Las venden al mejor postor.

La totalidad de las cárceles son en realidad universidades del delito. Hay un estrepitoso colapso del sistema penitenciario, un fracaso absoluto. El que entra sin ser delincuente, sale criminal. Hay mezcla de reos de alta peligrosidad e internos que cometieron delitos leves. La rehabilitación es imposible bajo un sistema de hacinamiento, con sobrepoblación del 500 al mil por ciento y bajo las reglas y normas del crimen organizado.

La ley del silencio es la constante ante la atenta mirada cómplice de los gobiernos y las Comisiones de Derechos Humanos estatales sometidas al poder en turno, que reciben las quejas de los angustiados familiares sin hacer recomendaciones efectivas, ni reparar el daño.

Nadie dice nada, pero todo mundo sabe lo que sucede dentro de las prisiones. Los gobernadores y funcionarios hacen la vista gorda, las dependencias encargadas de las prisiones ignoran deliberadamente el martirio al que son sometidos los internos. Los presos están amenazados de muerte y no pueden hablar, mientras sus familiares viven aterrorizados bajo una intensa presión y obligados a guardar silencio.

Alrededor del 60 por ciento de los presos no han sido condenados, una gran parte de los mismos son inocentes, jóvenes en su mayoría que fueron detenidos, torturados y obligados a firmar confesiones.

El 60 por ciento de las cárceles de México están dominadas por el crimen organizado, afirmó la Comisión Nacional de Derechos Humanos al presentar el Diagnóstico Nacional de Supervisión Carcelaria Penitenciaria. La pregunta que surge es ¿quién controla el 40 por ciento restante? Difícilmente el Estado que ha claudicado en su deber de vigilar la reinserción y rehabilitación de los presos.

Según este informe, de 2010 a la fecha se han registrado 14 fugas, la última en el Penal de Piedras Negras donde más de 131 reos salieron por la puerta sin ningún problema. En total, desde entonces, se han evadido 521 internos. Y ha habido 75 riñas, las cuales dejaron un saldo de 352 fallecidos. Además se han registrado motines con dos muertos y 32 lesionados.

Aunque la situación de narcogobiernos en las prisiones del país es generalizada. Hay unos penales peores que otros. Los peores, según el ranking de este informe son: Nayarit, Tabasco, Guerrero, Oaxaca, Coahuila, Quintana Roo, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México y Distrito Federal. Son donde se han registrado, fugas, matanzas, suicidios, tráfico de drogas y otros delitos.

Durante el sexenio de Felipe Calderón, la población carcelaria se incrementó de manera espectacular. De 3 mil presos que había en 2006, pasamos a 18 mil en 2012. Además hay más de 50 mil reos acusados de cometer delitos federales. Las cárceles se fueron abarrotando en los mismos anticuados penales, algunos con más de 50 años de antigüedad.

No existe un programa de Estado para la reinserción de presos, ni la mejora física de las prisiones. Peor aún: no hay una estrategia penitenciaria eficiente. Tampoco la voluntad política por recuperar el control de los penales en poder de los cárteles de la droga. Por tanto, sería muy interesante saber en que se gasta su presupuesto el Sistema Penitenciario.

Dinero tienen. Calderón incrementó de mil millones a casi 14 mil millones el prespuesto destinado a una dependencia que ni siquiera es capaz de tener el control de las cárceles.

Bajo este panorama es muy difícil bajar los niveles de criminalidad. Si las prisiones son un semillero abundante y garantizado de delincuentes será imposible terminar con la violencia y los delitos.

Ciertamente, nos esperan tiempos turbulentos.

Sanjuana Martínez

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Es periodista especializada en cobertura de crimen organizado.

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